Las femilistas las necesitan para
engordar las cifras de maltrato y por eso las defienden: las
denuncias falsas. Intentan ocultarlas, las minimizan y hasta niegan
su existencia. Las califican de mito, aunque desde hace tiempo los
jueces, policías y forenses vienen constatando el abrumador uso de
ellas para que la denunciante resulte favorecida.
La Pta. del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género Inmaculada Montalbán, llega a
decir que no existen datos que avalen su existencia, pues en caso de
existir, se persiguirían. Cuánta falsedad!
Actualmente hay una acuerdo tácito y
no escrito entre muchos integrantes de las instituciones para ocultar cualquier asomo de
denuncia falsa y de inadmitir cualquier querella criminal que se
interponga por este motivo.
Las fuerzas policiales también
participan de esta trama y aunque tienen la obligación de
perseguirlas, amparan las denuncias falsas admitiendo cualquier
disparate que una mujer afirme ante una comisaría y así, proceden
inmediatamente a detener al hombre, en la mayoría de los casos tan
sólo por despecho de la mujer.
En la mayoría de los casos son los
propios abogados y abogadas quienes recomiendan estas denuncias
alsas, como así lo asegura la propia Guardia Civil. (ver reportaje
más abajo)
Increíblemente el Consejo General del
Poder Judicial, contraviniendo las normas constitucionales para lo
que fue creado, alienta a los jueces a falsear todas las
circunstancias por las que una mujer pone una falsa denuncia y así,
ha colgado en su web una vergonzosa guía de actuación judicial, en
la que niega las denuncias falsas, niega que las mujeres obtengan
beneficio de ello, niega el SAP (Síndrome de Alienació Parental) y
“sugiere” una idea para aquellos jueces que se encuentren al
hombre agredido por la mujer y es que aleguen legítima defensa. Todo
ello desde el órgano de gobierno de los jueces que debería velar
por su imparcialidad e independencia.
Toda esta descarada trama es lo que
hace que la ciudadanía desconfíe totalmente de la Administración
de Justicia en España, como lo revela el informe Auken del
Parlamento Europeo en su Punto 14: “14. Considera alarmante la
falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar
frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener
reparación y justicia;”
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